Mucho se habla de la compra de votos en Colombia, tanto en época electoral como en tiempo de sesiones de las corporaciones públicas. En esta historia solo me voy a detener lo que ahora ocurre en el Congreso de la República, que en el afán de aprobar los proyectos de ley en la reforma a la salud, pensiones, del trabajo y la agraria entre otras, el gobierno de Francisco Gustavo Petro Orrego si ha valido del todo vale, repartiendo puestos por aquí y por allá, contratos por aquí y por allá, y plata por aquí y por allá, con los resultados que ahora se ven.
La compra y venta de votos es una práctica ilegal en Colombia y en muchos otros países. Según la Ley 1864 de 2017 de Colombia, esta transacción económica-política se considera un delito de "Constreñimiento al sufragante", el cual tiene un castigo de entre cuatro a nueve años de prisión y una multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En términos de las consecuencias para las leyes, ordenanzas y acuerdos aprobados en las reuniones de las corporaciones públicas, la situación puede ser compleja. Aunque la compra de votos puede afectar la legitimidad de estas decisiones, no necesariamente resulta en su nulidad automática. La anulación de leyes o acuerdos generalmente requiere un proceso legal separado.
Es importante destacar que la compra de votos tiene un impacto negativo en la democracia, ya que profundiza las desigualdades sociales y afecta la representación y las elecciones. Además, los ciudadanos que venden su voto renuncian a varios derechos, como el derecho a escuchar propuestas, a elegir y votar por una de ellas, a movilizarse con libertad en la jornada de elecciones, a exigir la rendición de cuentas al funcionario público y a tener un sistema político de calidad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario